A defender las propiedades

Juan J. Paz y Miño C.

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¡Qué resistencia han generado las clases adineradas del Ecuador al respecto de un nuevo esquema de impuestos en el país! De repente, los protagonistas de las noticias pasaron a ser una serie de banqueros, comerciantes, industriales o agricultores; dirigentes de las cámaras de la producción han puesto su grito en el cielo; entre las capas medias crece el temor; hay sectores populares que entran en dudas.

Episodios así no son nuevos en la historia. Los amos saltaron cuando el general y dictador José María Urbina abolió la esclavitud (1851). Decían que se atentaba contra la propiedad privada; pero quedaron tranquilos cuando el Estado indemnizó a los sufridos esclavistas. Otro general y dictador, Francisco Robles, al abolir el tributo de indios (1857), que llegó a sostener hasta una tercera parte de los ingresos fiscales, se topó con los hacendados, para quienes ello arruinaría los campos, quitaba “protección” a los indios y los volvía vagos.

Fue la Revolución Juliana (1925) la primera en crear el impuesto a las rentas, sobre ganancias del capital y hasta sobre herencias, lo que provocó el estallido de los ricos, que anunciaban la muerte de la empresa privada y la confiscación de los frutos del trabajo personal. También los julianos crearon el Banco Central (1927), que la oligarquía bancaria de Guayaquil atacó, pues “el oro de la Costa se quieren llevar los serranos”.

Cuando se dictó el Código del Trabajo (1938) otra vez los ricos se destaparon: aumentaría el desempleo, se atentaba contra la libertad de contratación, nos caería el “comunismo”. La dictadura pronorteamericana y anticomunista que dictó la Ley de Reforma Agraria (1964) fue acusada de “comunista” y los hacendados, acompañados por industriales, banqueros y comerciantes ligados familiar, social o políticamente a sus intereses, anunciaban la fuga de capitales, la ruina del país y la miseria y desprotección de los indios, que quedaban sin “huasipungos”.

La Constitución de 1945 fue atacada por “comunista; la de 1979, primera en aprobarse por referéndum, como “estatista” y también “comunista”: era un horror que esta Constitución consagrara un sector estatal de economía y que el petróleo lo controlara el Estado.

En la década de 1960 un tema central en la economía fue la redistribución de la riqueza, postulado eje de la Cepal. Estuvo claro el papel del impuesto a la renta para esa redistribución. También se discutía sobre la herencia, pues se sabía bien que era un mecanismo que, sobre todo, perpetúa el dominio de las clases adineradas. Y los estudios de entonces también advertían los límites al desarrollo que genera la empresa simplemente “familística”.

Y en el Ecuador actual, uno de los países que todavía ocupa los primeros lugares de inequidad en el mundo, parece que “todos” han tenido propiedades, que “todos” han creado alguna riqueza “con el sudor de su frente”, que “todos” quieren dejar algo a sus descendientes y que “todos” pagan sus impuestos. En el país quiere triunfar la ideología del dominador y “todos” se inclinan por defender a los ricos. (O)